Las recientes noticias sobre las sanciones del Departamento del Tesoro de EE UU a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) pueden verse como una creciente toma de posición de los Estados Unidos ante la situación de nuestro vecino.


No son nuevas estas sanciones. En el pasado se han aplicado sobre funcionarios del Gobierno venezolano, como el actual vicepresidente Tarek El-Aissami o el Ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, a quienes el gobierno de los Estados Unidos sindican de complicidad con el narcotráfico. La respuesta de Maduro ha sido la misma: denunciar estas sanciones como una agresión imperialista, ascender a altos cargos a los acusados, a quienes califica de “héroes de la revolución”, y dejar pasar el tiempo.
Pero hay una diferencia clave en las recientes sanciones. Mientras en el pasado el Gobierno de Estados Unidos había acusado a diferentes funcionarios del gobierno, señalando su responsabilidad individual en los presuntos delitos, esta vez el Departamento del Tesoro ha señalado que “estas personas son responsables de haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (AN) de ese país y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia, restringiendo los derechos y violando la libre voluntad de los venezolanos.” Esta declaración puede verse como una clara postura del país norteamericano frente a las crecientes violaciones constitucionales del gobierno de Maduro, junto con las recientes declaraciones de Donald Trump, y la sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación de Venezuela. Ello, junto a la activación de la Carta Democrática de la OEA y el retiro de embajadores de algunos países, es una muestra de que la comunidad internacional comienza a reaccionar en bloque contra la deriva autoritaria del gobierno venezolano.
Frente a todas estas críticas la respuesta de Maduro ha sido siempre la misma: apegado a un orden constitucional acomodado a su antojo, usa la táctica de ganar tiempo esperando que las cosas se enfríen. Lo hizo en el pasado diálogo auspiciado por el Papa y el expresidente español Rodriguez Zapatero: salvo mínimas concesiones, logró paralizar el referendo revocatorio que buscaba su salida y las elecciones municipales y estatales donde partía en clara desventaja, cercando a la oposición y generando divisiones en ella. Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones de la Asamblea Nacional, así sea parcialmente rectificada, dio origen a las protestas y logró volver a unir a la oposición.
En medio de las protestas que piden la liberación de varios presos políticos, la convocatoria a elecciones generales, la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la apertura de un canal humanitario, la respuesta del gobierno ha sido acusar a la oposición de alentar una intervención internacional, enviar al ejército y sus milicianos a las calles como fuerza de choque y, simplemente, mirar para otro lado.
Ante esta situación, la comunidad internacional ha indicado la ruptura del orden constitucional, la necesidad de una vuelta a los mecanismos previstos en la Carta Magna, pero sobre todo, la urgencia de un diálogo para resolver el conflicto entre los venezolanos. La oposición, si bien agradece estas muestras de apoyo, también desconfía profundamente de una solución conversada y de la buena voluntad del gobierno, a quien acusa de mala fe. Al final, fuera de las protestas y sus ideas, no tiene claridad sobre cómo salir a flote de crisis.
Curiosamente, la propuesta de Maduro de una constituyente “comunal” es un paso en el sentido correcto. Mas allá de la clara muestra de sacar ventaja, Nicolás Maduro ha comprendido que se le acaba el tiempo, pero sobre todo la legitimidad. Es consciente de que, salvo un milagro económico, se enfrenta a la peor de las opciones: que los militares que han vendido su apoyo, terminen abandonando el barco. Como si fuera poco, la situación económica tiende a empeorar: voces han señalado que la estatal PDVSA se enfrenta en un futuro cercano a una cesación de pagos, lo que podría llevar a Venezuela a un desastre aún mayor. La asamblea constituyente (pero no como la quiere Nicolás Maduro) es una opción real para empezar a solucionar la crisis de Venezuela. Pero en las condiciones propuestas, no es una salida, sino una trampa. Con todo, sería un buen punto de inicio para una negociación sincera entre las partes
Maduro carece de ideas, pero sobre todo de voluntad para solucionar el desastre venezolano, y su respuesta es simplemente: “Dios proveerá.
Es necesario pues un dialogo entre las partes, con la supervisión y presión de la comunidad para hacer cumplir los acuerdos que se logren. No se ve fácil, por la desconfianza entre las partes, la mala fe y el poco interés -hasta ahora- de la comunidad internacional. Esta última debe seguir actuando desde afuera para propiciar algún mecanismo real que conduzca a una salida sensata y acordada a esta desastre. Un acuerdo que se cumpla es la gran limitación de un posible diálogo, que hoy más que nunca se ve como la única opción posible al laberinto venezolano.
 
(Imagen tomada de http://cdn.hispantv.com/)