La noticia sorprendió en la tranquila Montreal, y pronto hervía en las redes sociales: la convicta asesina en serie, Karla Homolka, había realizado trabajo voluntario en la escuela privada donde estudian sus hijos. ¿Cómo te sentirías al saber que tu hijo interactúa con una asesina en serie?, se pregunta el periódico Montreal Gazette. Dura pregunta, pero sincera. Resume el estado de shock y el conflicto moral que atormenta a un grupo de padres canadienses en estos días. Pero vamos al principio.


Veinticuatro años atrás, Karla y su entonces esposo, Paul Bernardo, fueron declarados culpables del asesinato y violación de tres adolescentes, entre las que se encontraba la hermana de quince años de Karla, Tammy. Mientras Bernardo recibió una dura sentencia por sus crímenes, el papel de Karla en los delitos es objeto de discusiones hasta hoy; ante las evidencias no tan concluyentes, la Fiscalía ofreció un trato a Homolka: ella se declararía culpable de un delito menor, a cambio de declarar contra Bernardo. Condenada a 12 años de prisión, salió en libertad en el 2.005, se casó con el hermano de su abogada, tuvo tres hijos, y buscó llevar una vida normal de manera anónima, hasta que el incidente en cuestión la trajo de nuevo a los focos de los medios.
Hasta el 22 de noviembre de 2015, Luis Alfonso Cano Bolaños era rector de un Colegio de Honda, Tolima. La situación cambió cuando alguien buscó en Google quién era; hasta ese momento nadie sabía de su pasado. Ingeniero electrónico, abogado, barranquillero, en el 2.000 había sido detenido por posesión de pornografía infantil y acceso carnal abusivo en menor de 14 años, por lo que pagó cinco años de cárcel. Ese día, Salud Hernandez Mora, en una columna titulada El Zorro cuida gallinas, se hacía la misma pregunta que los padres canadienses: “¿A quién nombraría rector del colegio de sus hijos? ¿A un depravado que abusaba de niños (…)?
Preguntas similares con dilemas similares. En ambos casos, Cano y Homolka reclamaron el derecho al olvido, recordando que ambos habían cumplido las penas que les habían impuesto, y por tanto tenían derecho a rehacer sus vidas. En Canadá, grupos que defienden a antiguos presos apoyaron a Homolka: Sí, fue horrible, pero si queremos que un ex prisionero no cometa un crimen de nuevo -no sólo para Homolka, sino para ex prisioneros en general-, deben ser capaces de participar en la sociedad. En el caso de Cano, los padres de los alumnos del Colegio del que era rector señalaron su comportamiento intachable, y que si había cumplido su condena tenía derecho a otra oportunidad.
Sin embargo, otras voces señalaron lo inconveniente que resultaba que antiguos delincuentes sexuales interactuaran con menores, poniendo límites a lo que se conoce como el derecho al olvido. Al final, la pregunta que subyace en ambos casos es la misma: ¿hasta dónde debe llegar el derecho al olvido? ¿Prima el derecho de las personas a saber que su vecino fue un criminal u ofensor que pagó cárcel por ello? Dilema social para el cual la ley no es clara en señalar esos límites. La Corte Constitucional colombiana, al estudiar el caso del rector, ordenó retirarlo del cargo, ya que existía una inhabilidad para posesionarse de 10 años, pero llamando la atención sobre que la información sobre los delitos cometidos era “relevante y debió ser conocida oportunamente por las autoridades administrativas encargadas del proceso de selección de directivos docentes”; a la vez señaló que existía un vacío legal, ya que estas situaciones no hacían parte de las inhabilidades del estatuto docente, por lo que exhortaba a las diferentes autoridades a tomar las medidas pertinentes para el caso.
Las sociedades tienden a crear restricciones a antiguos criminales que han pagado su pena, a pesar del derecho al olvido que tienen. Mientas en Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido existe un registro de delincuentes sexuales que puede ser consultado –con restricciones según el país–, en Colombia se carece de herramientas parecidas, ya que nos hemos enfocado en el aspecto punitivo de la ley. Frecuentemente se presentan proyectos de ley para crear un banco de datos de delincuentes sexuales, el último de los cuales fue presentado en abril de 2.017 por el representante a la Cámara Efraín Torres. Estas iniciativas avanzan muy lento, o naufragan en medio del desinterés del Congreso, siempre en tareas más urgentes. Muy conocidos fueron los esfuerzos de la fallecida senadora Gilma Jiménez por aumentar las penas contra los violadores y criminales sexuales y reducir los eventuales beneficios de los delincuentes; todos terminaron ahogados en medio de discusiones interminables.
Al final, parece lógico establecer límites para aquellos que han cumplido su pena y rehacen su vida. El asunto es que no sabemos, ni tenemos claridad acerca esos límites; no está en la agenda social y tal vez cuando Rafael Uribe Noguera quede libre, aún no hayamos logrado ponernos de acuerdo. ¿Derecho a una nueva oportunidad? Sí. ¿Derecho al olvido? Sí. ¿Pero hasta dónde es conveniente recordar el crimen cometido? ¿Es pertinente guardar siempre esta información? No hay una respuesta clara.
Colombia no es el único lugar donde se presentan estas discusiones. Cada país buscará un equilibrio entre la memoria social y el “borrón y cuenta nueva” de quienes se reintegran a la sociedad al salir de la cárcel. Esta discusión esta en mora de hacerse en Colombia.

(Imagen tomada de www.reflexionespaganas.com)