El pasado martes 15, la Fiscalía General de la Nación fue centro de la atención nacional por las noticias que han colmado los titulares. Las investigaciones por corrupción avanzan e involucran los tres grandes escándalos nacionales: Odebrecht y la Ruta del Sol, lo que se ha dado en llamar el Ñoñomil y sus posibles coletazos hacia el gobierno de turno, y el Cartel de la hemofilia en Córdoba.


La primera de las noticias fue el llamado a indagatoria de José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, empresa que, a través de Episol, es socia de Odebrecht en el Proyecto Ruta del Sol. De acuerdo con las declaraciones de los ejecutivos brasileños, Melo, abogado javeriano, exministro de trabajo y exsuperintendente bancario, tenía conocimiento de los sobornos y en varias ocasiones se reunió con Otto Bula y los funcionarios de la multinacional para fraguar el disfraz de las dádivas como como gastos de obra. Melo no acepto los cargos y negó haber hecho algo indebido. Si el dinero salió para el pago de sobornos fue sin su conocimiento. Cuando leí la declaración tuve el primer deja vu: ¿No hubo por ahí un presidente colombiano que recibió dinero ilegal en su campaña, pero a sus espaldas? ¿No hay uno tan ingenuo que en 8 años no se dio cuenta de los delitos que cometían decenas de sus subalternos? Tan honorables estos señores que no se las huelen….
La segunda noticia fue el testimonio de Gabriel Dumar Lora, representante de la empresa SION, quien acepto que elaboró contratos ficticios de consultoría para el proyecto Ruta del Sol, uno por 10.062 millones de pesos, en marzo de 2014, y otro por 7.500 millones, los cuales se distribuyeron así, según su declaración: 14.600 millones se le entregaron al senador Bernardo Ñoño Elías, y el resto se repartió entre otras personas, entre las que se encuentran Otto Bula y el congresista Antonio Guerra De La Espriella. Al preguntarle al Ñoño por el uso de esos dineros, este le respondió que era para pagar deudas de la campaña política del 2014 (¿la suya? ¿la presidencial?). Tuve un segundo deja vu al leer la noticia: ¿No es ese caso parecido al episodio que involucró a una firma de la Guajira que “se mecateó” unos 25.000 millones de pesos en obras y pagos sin soporte, dineros destinados a la infraestructura del departamento? ¿Esos dineritos que no aparecen, oh confusión, oh caos, acaso no se perdieron mientras se celebraba la campaña para alcaldes y gobernadores de 2015?
La tercera, y final casi hacia las 6 de la tarde, fue la declaración del fiscal Martínez en la que anunció el envío de copias a la Comisión de Absoluciones (perdón, de acusaciones) del Congreso para que investigue la conducta de tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, por supuestos delitos en los procesos contra Luis Alfredo Ramos, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus (Luis Gustavo Moreno era su apoderado), donde: “Comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y los señores Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla (…) donde se hace relación a solicitudes de sumas de dinero o pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados”. Al parecer, los abogados, interesados en convencer a Lyons para que les pagara los sobornos pedidos, habrían mencionado su cercanía con estos antiguos magistrados como prueba del éxito de su gestión. La Corte Suprema, ante la gravedad de las acusaciones pidió a la Comisión de Absoluciones (perdón nuevamente, de acusaciones) que “en atención a la gravedad que revisten esos hechos (…) obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor”. Mas allá de las evidencias (ya Daniel Coronell señaló la cercanía de Moreno y Bustos, así como el hecho probado de que Ricaurte y Moreno compartieron oficina) del terremoto político (Ricaurte presentó su nombre como Magistrado en la Jurisdicción Especial de Paz) o jurídico (se cuestionan las actuaciones de un grupo de antiguos togados de la justicia), cuyas consecuencias estamos por ver, tuve un tercer deja vu: ¿No hay por ahí un abogado Pacheco que pidió dinero a su cliente para arreglar un negocio en la Corte Constitucional, porque aparte de sus gestiones propias del derecho era amigo del magistrado Jorge Pretelt y tenía contactos en esa corporación? ¿Por cierto, en que va el proceso contra el magistrado Pretelt? ¿Duerme el sueño de los injustos y se levantará cuando prescriba? ¿Sucederá igual aquí?   En este momento no hay respuestas, pero como dijo el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el Sol.
 
(Imagen tomada de: http://shadowness.com/)