Los resultados de las elecciones del pasado 6 de diciembre en Venezuela pueden leerse de muy diversas formas. Por un lado, quedaron, así sea parcialmente, desvirtuadas las denuncias sobre una supuesta “dictadura” existente en el país vecino. La forma como el presidente Maduro, más allá de sus habituales denuncias al imperialismo o la guerra económica, desmiente al menos en parte, el talante autoritario del gobierno, puede leerse como una invitación a una negociación necesaria en un país muy polarizado. La oposición victoriosa, debe, por encima de sus tendencias autoritarias y deseo de revancha, diseñar un proyecto político viable que le permita constituirse en una alternativa de poder. En pocas palabras, frente a la situación que vive Venezuela, las partes, por el bien de la nación, están obligadas a entenderse. Y es que la situación en Venezuela es tal que el palo no está para cucharas, como ya han señalado diferentes organizaciones independientes, como el International Crisis Group (ICG).

El ICG es una organización no gubernamental con sede en Bruselas, que trabaja en la prevención de conflictos armados en todo el mundo. El pasado 31 de Julio se publicó un extenso estudio sobre la crisis política y social que atraviesa Venezuela, titulado Un desastre evitable. (Aunque el título en inglés es más elocuente: The Unnatural disaster. El desastre antinatural) En él se señala que una serie de malas decisiones ha llevado al país al borde de una crisis social y económica, con ramificaciones en los países vecinos. El Informe asegura que la caída de los precios del petróleo ha mermado de manera significativa los ingresos, haciendo insostenibles los programas sociales establecidos durante los años de bonanza. Ello, junto con una actitud hostil a la iniciativa privada, ha terminado afectando la calidad de vida de los venezolanos, quienes cada vez más encuentran dificultades para el acceso, no solo a alimentos, sino también a los servicios de salud.

El informe se extiende en varios aspectos. Uno de los más significativos es el efecto del desabastecimiento alimentario sobre la población. Se señala que en Venezuela no hay riesgo de crisis alimentaria, sino un alto riesgo de desnutrición crónica, similar a la que se vivió Cuba en los tiempos del llamado periodo especial, que puede tardar años en ser superado. Las razones son más o menos conocidas. El férreo control que el estado ejerce sobre las divisas ha llevado a que muchas empresas no puedan adquirir la materia prima importada, llevándolas a trabajar a solo una parte de su capacidad. De otro lado, el programa de subsidios y precios justos desarrollado por el gobierno ha hecho que muchas de las industrias se vean obligadas a trabajar a pérdida o simplemente a cerrar. El documento abunda en ejemplos en los cuales muestra que las nacionalizaciones en busca de la llamada soberanía alimentaria han resultado contraproducentes; muchas de estas empresas nacionalizadas han terminado trabajando a una parte de su capacidad, entre disputas entre los trabajadores y directivos, la falta de repuestos y la escasez de materia prima para producir.

En el tema de la salud se presenta una situación similar. Si bien la cobertura médica se ha ampliado hasta alcanzar gran parte de la población, el control de divisas, la existencia de diferentes tipos de cambio y una crisis en la infraestructura hospitalaria han llevado a que comiencen a escasear los insumos médicos y medicamentos de alto costo, ya que muchos son importados y a precios regulados. Es difícil conseguir medicamentos contra el SIDA, la diabetes, el Parkinson e incluso equipos para tomas de sangre o acetaminofén, lo cual hace que la cobertura de salud de los venezolanos esté alcanzando niveles preocupantes de deterioro y el riesgo de epidemias aumente. A ello hay que añadir el creciente éxodo de profesionales graduados y su sustitución por personal sin las calificaciones apropiadas, lo cual hace que el acceso a una servicio médico de calidad para los ciudadanos esté quedando en el papel. Capítulo aparte son las cuentas públicas. El margen de maniobra del gobierno venezolano para equilibrar las cuentas públicas se ha deteriorado de manera significativa. El gobierno depende de los altos precios del petróleo para sostener sus programas sociales y lograr un equilibrio en las finanzas. No se conocen estadísticas reales y confiables desde hace varios meses; se habla de una inflación que ronda el 200% anual y de una contracción del PIB cercana al 7%, según los reportes más conservadores. De allí que voces que señalan que Venezuela se enfrenta a una cesación de pagos sean cada vez más numerosas. El ICG estima que de no tomarse medidas radicales, existe un riesgo real de Default para el segundo semestre de 2016 o principios de 2017, en un universo en el que los precios del petróleo se mantengan en los niveles actuales.

El ICG señala, asimismo, que la situación se podría evitar si el gobierno corrige el rumbo y efectúa un ajuste general de la situación, que se resume en los siguientes puntos:

“El gobierno debe admitir la situación y no sacar excusas traídas de los cabellos para justificarse. Debe dejar de ocultar las estadísticas reales y de acosar a quienes proporcionan información o la solicitan. Cualquier diálogo o acuerdo político debe priorizar las acciones concertadas para garantizar el suministro básico de recursos escasos, incluidos medicamentos, suministros médicos y productos de la canasta familiar a los más necesitados y un sistema de bienestar social libre de intervención o manipulación partidista, que incorpore a actores no-gubernamentales, por ejemplo la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias, como proveedores. Este es uno de los primeros puntos de la agenda Gobierno-Oposición: lograr un acuerdo sobre las medidas a seguir y establecer un diálogo fluido que permita hallar soluciones realistas. ¿Es eso factible? La respuesta no es fácil, pero creería que el gobierno venezolano con el congreso en contra, puede buscar réditos políticos achacando al congreso muchos de los males que actualmente aquejan a Venezuela y a la vez la oposición se sienta tentada a establecer responsabilidades políticas que no contribuyan a mejorar el clima político y social. Es recomendable que los países amigos de Venezuela (Colombia, Ecuador, Brasil o Argentina) estén atentos y busquen una mediación discreta para permitir hallar soluciones a la crisis venezolana, que terminaría por afectarlos si las cosas siguen por el mismo rumbo.

El actual sistema de control de precios y cambio, que fomenta la corrupción, el contrabando y el mercado negro, al tiempo que alimenta la inflación y la escasez, es inviable y debe ser cuidadosamente desmantelado y reemplazado por mecanismos que proporcionen una red de seguridad para los pobres, sin asfixiar la producción.

El gobierno debería buscar un apoyo amplio para un programa de emergencia que restaure el equilibrio económico y proteja a los más vulnerables de las consecuencias del ajuste necesario, en lugar de culpar a la oposición y a los gobiernos extranjeros de una imaginaria “guerra económica”. La oposición debería resistir la tentación de sumar puntos políticos, reconocer que no hay ninguna solución indolora y presentar una clara agenda de reformas económicas y sociales.

La comunidad internacional en general deben abandonar su renuencia a actuar y presionar explícitamente para que se restaure el estado de derecho y los contrapesos y equilibrios institucionales.Los gobiernos y países vecinos deberían, además, ayudar a aliviar los gastos sociales de la actual crisis, ofreciendo alimento y ayuda médica y presionando para que se reconozcan y se controlen las epidemias.”

En un discurso del 22 de Enero, Maduro señaló: "He hecho un conjunto de iniciativas para favorecer en sustitución de importaciones y optimización de uso de divisas, porque son menos divisas. De 96 dólares el barril a 40 dólares. Pero nunca nos faltará Dios. Dios proveerá". Por desgracia, muchas de esas medidas se han revelado ineficaces y solo queda el doloroso ajuste. ¿Cuando? Es cuestión de tiempo.

La victoria de la oposición en las elecciones seguramente mejoró la imagen del gobierno venezolano en el exterior, pero no mejora la crisis social y económica que vive el país vecino. La Mesa de Unidad Democrática, relegada en los últimos 17 años de Chavismo, se ha vuelto hoy un actor clave para resolver la crisis que vive Venezuela. Se necesita pues, establecer un diálogo fluido con el gobierno,y buscar acuerdos para sacar al país de la crisis.

Durante 17 años la oposición jugó el papel de víctima en la política venezolana. Algo de verdad había en ese discurso; hoy que han alcanzado el control del congreso, la victima ha pasado a ser actor en la política. Es el momento de demostrar realmente si tiene claridad de metas más allá de los deseos de revancha que subyacen en muchos de ellos. De la responsabilidad de las partes y la capacidad de construir un dialogo ausente por 17 años, depende en buena medida el futuro de Venezuela.

El informe sobre Venezuela lo pueden encontrar en el siguiente link http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/venezuela/b033-venezuela-unnatural-disaster.aspx?alt_lang=es

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Imagen tomada de El Telégrafo