En pleno hervor de la crisis, en medio de las noticias sobre la Independencia de Cataluña, escribí una nota en mi Facebook que reproducía unas declaraciones del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, en su autobiografía, que hacía referencia al referendo separatista de Quebec de 1990, donde por algo más de 54.000 votos ganó el No. El texto decía: “Cuánto hubiera cambiado nuestro país si solo 27.145 votantes a favor del no hubieran decidido apoyar a los separatistas. Es probable que no existiera Canadá. ¿Y qué mensaje habríamos ofrecido al mundo? Si incluso un país tan respetuoso con las diversidades hubiera fracasado a la hora de reconciliar sus diferencias, ¿qué esperanza habría tenido el resto del mundo de entenderse? Es una cuestión que me impulsa a seguir adelante".


Un amigo catalán, independentista, me respondió: “Sí, pero allá fueron la política y las urnas.” Como no era mi intención entrar en polémica preferí quedarme callado; al fin y al cabo, en pleno furor de imágenes de señoras heridas siendo arrastradas por la policía, urnas decomisadas, grupos de jóvenes con la bandera de Cataluña, y multitudes cantando Els Segador, mejor quedarse callado, pese a pensar que lo que cantó Serrat para España: “Y de su sangre y su derrota, día de fiesta nacional”, bien puede aplicarse hoy a Cataluña
Al fin y al cabo, era un libreto establecido. El Gobierno repitió hasta la saciedad que su deber de era cumplir la ley, y lo hizo invocando un artículo de la constitución, cuyo número se hizo muy conocido, 155. La Generalitat, muy a su estilo de forzar las cosas, deja intervenir al Estado, se suspende la autonomía, y se presenta como víctima de la represión del heredero del dictador Franco que gobierna España: El Rey Felipe, y Mariano Rajoy como el encargado de hacer el trabajo sucio. Al final, una realidad se impone: la autonomía suspendida y según quien lo mire hay políticos presos, o presos políticos. Habrá elecciones el 21 de diciembre, una lucha que ya se muestra como una disputa entre nacionalistas vs. constitucionalistas. Parece razonable pensar que los partidarios de la independencia obtengan nuevamente mayoría para formar un gobierno, quedando en duda si es absoluta o no. En mucho, es un patear el balón para más adelante. En lo probable, un volver a barajar de nuevo, o como citan tanto: “Cambiar para que todo siga igual”. Aquí se cambió todo, pero no se resolvió nada. Al final, mi amigo catalán, tiene mucho de razón: con Política, y quizá las urnas, se resuelve esto. Pero lo que no hay es política, solo apelaciones a la ley o a los sentimientos.
Para los latinoamericanos, la reivindicación de Cataluña como pueblo o nación si bien es conocida, no es del todo entendida. Históricamente lo que conocemos como España es la vieja unión de Castilla y Aragón surgida de los Reyes Católicos, a la cual se le unieron algunos territorios: por conquista, como Andalucía o León; otros mediante matrimonios o derechos reales convenientes, como Navarra, Galicia, Cataluña y en algún momento, Portugal. En el caso de Cataluña, el antiguo Condado de Barcelona, creado por los Reyes Francos como tapón frente a los musulmanes, adquiriría mayor independencia, y finalmente se uniría mediante el matrimonio de Ramon Berenguer IV de Barcelona y Petronila con la corona de Aragón. El hijo de ambos, Alfonso II sería Rey de Aragón y Conde de Barcelona, y daría origen a la unión dinástica de Cataluña y Aragón, que se profundizaría con el tiempo, y sería el inicio de la unión de Cataluña con España. Por ello, no resulta casual que el título oficial del infante Don Juan de Borbón, padre del Rey Juan Carlos, era Conde de Barcelona: el Rey de España es a la vez Conde de Barcelona. Cataluña, pues, nunca fue conquistada, y si bien ha sufrido períodos en los que se ha sentido más oprimida por el centralismo del estado español, ha continuado formando parte de España en forma relativamente tranquila. Tuvo, durante mucho tiempo, instituciones y un alto grado de autogobierno en sus asuntos. Sin embargo, sí es cierto que esta autonomía fue abolida con la caída de Barcelona del 11 de septiembre de 1714 a manos de los Borbones durante la guerra de sucesión española. La abolición fue una respuesta al apoyo de la Corona de Aragón al archiduque Carlos de Austria, frente a las pretensiones del victorioso Felipe V de Borbón; más que un castigo o persecución a la sociedad catalana, Cataluña y Aragón pagaban el precio del apoyo al perdedor.
Como sea, la autonomía solo se restauró en 1931, con la proclamación de la Republica Española. Sería nuevamente eliminada y el idioma proscrito, luego de la victoria de Franco en 1939. Se redujo el catalán a “dialecto”, se persiguió a la izquierda y todo lo que sonara a separatismos, y comenzó un periodo oscuro que terminaría a la muerte del dictador en 1975. La Constitución de 1978 trajo la restauración del autogobierno y la creación de algunas de sus instituciones. Este sistema funcionó durante los años del llamado Pujolismo (1980-2003), que sirvió de filtro a una serie de reivindicaciones independentistas en una alianza entre la burguesía catalana, autonomista, que era la voz moderada entre los independentistas y el estado español. Este sistema hizo crisis con los escándalos de corrupción del gobierno, y dio origen a una inédita coalición de izquierdas entre socialistas, Izquierda Unida y el Esquerra Republicana (el tripartito), que gobernaría del 2003 al 2010. Estos años darían lugar a la reforma del Estatuto de Autonomía, una reforma aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la burguesía catalana, que fue considerado insuficiente por los independentistas, y criticado por la derecha, que consideraba excesivas las concesiones. Cuando algunos sectores sectores asociados al partido popular (PP), demandaron el estatuto, consiguieron que la ley recortara algunos aspectos, lo que contribuyó a empeorar las relaciones entre las partes. Con la llegada al poder de Artur Mas y la negativa del gobierno de Rajoy a reformar el marco fiscal, el gobierno local y una parte de la burguesía catalana abrazó de manera decidida la independencia, dando origen al conflicto que hoy vemos.
Cada parte exhibe su versión acerca de los supuestos agravios cometidos durante los peores momentos de la crisis. En los discursos de ambos lados se han expresado opiniones interesadas, algunas de las cuales son interpretaciones mendaces de la historia o de la realidad. Por ejemplo, si bien parece probado que hoy Cataluña entrega más dinero del que recibe del estado español, olvidan que durante muchos años fueron privilegiados receptores de los fondos de la Unión Europea para modernizar su infraestructura, e incluso muchos de esos dineros sirvieron para financiar la floreciente cultura en catalán, alimentar el sentimiento antiespañol y denigrar el centralismo estatal. De igual forma, el gobierno ha señalado que se ha limitado a cumplir la ley, y que quienes la rompieron deben ser castigados, haciendo una interpretación de la aplicación de la justicia que no se compadece con la realidad. Y es que ese es el gran punto: ambas partes viven ajenas a la realidad.
Me preguntarán: ¿y cuál es la realidad? Bueno, es esta: yo sí prefiero una España unida, pero más allá de las verdades o mentiras, hay un sentimiento enquistado en el corazón de una parte del pueblo catalán que considera insuficiente el encaje actual con España y reclama un cambio. Por muy inadecuados o impresentables que sean los líderes separatistas, son los voceros legítimos de una reclamación. Este sentimiento no puede ser ignorado por el gobierno, con la excusa de que se limita a cumplir con la ley. Hay un hecho social existente, y no puede ignorarse. El resultado debe ser poner el tema del independentismo en un lugar central de la agenda política. En medio del ruido causado hay voces que invitan al diálogo en busca de un acuerdo, que en el camino encuentre soluciones al conflicto planteado, y que incluso reconozca el derecho de una comunidad a ser un estado independiente mediante un referéndum. Esto pasa por una reforma del estado español, realizada en las cortes, y dadas las características del sistema político vigente, eso tomaría tiempo, el el supuesto caso de que se hiciera. Se requiere imaginación, buena voluntad o, como expresó muy bellamente un editorial de El País: “La ley, sí, pero más allá de la ley”. Algo más que de respuesta a la ley, a las pasiones y a los deseos de un pueblo.
 
(Imagen tomada de http://www.desdeelexilio.com)