Leo los 13 puntos que componen la denuncia por acoso laboral (la de acoso sexual no ha sido presentada) que radicó ante la Fiscalía la doctora Astrid Helena Cristancho en contra de su ex jefe, Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo. Podría resumirse en los siguientes términos:

Me contrataron en la Defensoría. Mi antecesora me advirtió de una bruja que era amiga del jefe. La bruja tenía un amante. La esposa del amante estaba loca. El amante prometió dejar a su esposa. El jefe contrató al amante de la bruja. Aprovechando esa coyuntura los dos amantes -la bruja y el desalmado- retozaban encima de escritorios, tapetes y sillas de las oficinas de la Defensoría del Pueblo, patrimonio de los colombianos. Los funcionarios del despacho sapearon a los lujuriosos tórtolos ante el jefe. Al jefe no le importó. El amante, en un arrebato de piedad y arrepentimiento, terminó la relación con la bruja y se reconcilió con su perturbada mujer. La bruja me culpó de separarla de su amor. Recibí un correo anónimo (que no puedo asegurar  que era de la bruja, pero creo que sí lo era) en el que se reitera mi responsabilidad por la ruptura de los libidinosos. El jefe me dijo que no me metiera en lo que no me importa. Songo le dio a Borondongo. Borondogo le dio a Bernabé. Renuncié. Y del acoso laboral del jefe no he dicho nada.

Las graves denuncias que involucran, no solo el régimen déspota de un funcionario de alto nivel con sus subalternos, sino también comportamientos ofensivos, impropios e inmorales que lesionaron la dignidad y el honor de una mujer indefensa, no pueden y no deben sustentarse en esta sarta superflua que parece sacada de uno de los peores capítulos de Laura en América. Entiendo que la doctora Cristancho es abogada, egresada de una de las más prestigiosas universidades del continente, que ya no es una niña y que tiene la capacidad financiera para asesorarse de un profesional que conduzca su causa a buen puerto, no solo por ella, sino para preservar la transparencia que debe primar en las dependencias del Estado, y, con mayor razón, en la encargada de defender los derechos y las dignidades de los ciudadanos. Pero no, la doctora Astrid, en medio de un descontrol y de una inmadurez impropios de su edad y de su preparación, abrumó al funcionario de la Fiscalía que le tomó la declaración con esta historia de peluquería. En la transcripción que leo en la edición digital de la revista Semana no aparece por ninguna parte argumento alguno que sustente el acoso laboral que pretende endilgarle a Otálora (no quiero creer que dicha publicación haya omitido los puntos que sí tienen que ver con los hechos para privilegiar el chisme y la chabacanería.)

Si el Defensor del Pueblo es culpable de alguno de los delitos de los que se le acusa, la acusadora deberá sustentar con pruebas y con hechos, no solamente ciertos sino seriamente planteados, sus señalamientos, no vaya a ser que el sindicado, por obra y gracia de un milagro, modere su tono y casi entre susurros desmienta todos y cada unos de sus histéricos reclamos. Porque aunque parezca extraño, aquí, en el país de los injustos, aún rigen las normas que defienden los derechos de los implicados en cualquier proceso y, que además, preservan a la justicia de la befa de la galería y de los circos mediáticos.

El que sea el culpable que pague, pero que en medio no sobrevivan, ni por un segundo, ni Songos ni Borondongos ni Lauras.

http://www.semana.com/nacion/articulo/defensoria-del-pueblo-la-denuncia-de-astrid-cristancho-contra-jorge-otalora/458202

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(Imagen tomada http://images.et.eltiempo.digital/)