En los últimos días el periódico El Tiempo eligió como personaje del año al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira porque “como nunca antes, las investigaciones por corrupción tocaron los más poderosos intereses”. El fiscal ha tomado como prioridad de su gestión la lucha contra la corrupción, sin importar que caiga quien deba caer. Así, pese a las acusaciones de supuestos favorecimientos contra Corficolombiana, no ha dudado en ordenar la detención del expresidente de esa entidad, José Elías Melo, acusándolo de conocer y avalar el pago de los sobornos del escándalo del proyecto Ruta del Sol II. 


Personaje en sí mismo, Melo ha tenido una distinguida hoja de vida: ministro de rabajo en los últimos meses del gobierno de Ernesto Samper, superintendente bancario, secretario de la Junta Monetaria, presidente de Megabanco y Corficolombiana. Abogado javeriano, ha estado acostumbrado desde joven a participar en los pasillos del poder. Eficaz gestor, su trabajo ha sido aplaudido por cada uno de sus jefes.
La Fiscalía, sin embargo, lo acusa de ser cómplice en el pago de los sobornos de Odebrecht al exviceministro Gabriel García Morales. Ejecutivos de la constructora brasileña han indicado que Melo tenía conocimiento de los pagos efectuados mediante contratos ficticios a García Morales para la adjudicación del otrosí de la Ruta del Sol y que estos pagos fueron autorizados él, quien ha negado cometer algo indebido. Por tal motivo fue encarcelado. Será la Justicia la que señale su responsabilidad en estos delitos.
El pasado 5 de Septiembre, 15 días después de su detención, la revista Semana hizo pública una carta firmada por un grupo de economistas donde defienden a Melo de las acusaciones de la prensa y lo que según ellos es una caricatura de los medios que lo presentan como un “banquero consentido e inescrupuloso de la élite, y la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo colombiano le ha sido negada.”   Los firmantes representan lo más granado de los economistas colombianos: la excandidata presidencial Noemí Sanín; exministros como Luis Fernando Alarcón, Rudolf Hommes, Carlos Caballero Argaez, Alberto Carrasquilla, Hugo Palacios Mejía, y otros no menos distinguidos profesionales: Armando Montenegro, Salomón Kalmanovitz, Alberto Calderón Zuleta (de ingrata memoria para Barranquilla), María Mercedes Cuéllar y Gerardo Hernández. Un Debrett económico colombiano de los últimos 30 años. Todos ellos dan fe que Melo “se ha caracterizado además por su férrea fe religiosa y un compás moral y ético que siempre han guiado sus actuaciones.”
No es la primera vez que cartas o pronunciamientos públicos de ese tipo se han hecho. Algunos de los más recientes casos involucraron a Andrés Camargo, antiguo director de IDU, enviado a la cárcel por el lío de relleno fluido en las losas de Transmilenio, o quienes han hecho pronunciamientos públicos defendiendo la inocencia de Andrés Felipe Arias. Pero esta carta es sutilmente diferente.
Me explico: en el caso de Camargo, hay una controversia sobre si un funcionario que firma un contrato apoyado en una serie de conceptos de comités y de sus subalternos debe responder penalmente por esas actuaciones, cuando las decisiones se revelan equivocadas, y pese a que se toman los correctivos necesarios para corregirlas. Como sea, Camargo fue condenado a 5 años de cárcel por un error técnico del cual él asegura no tener conocimiento.
En el caso de Andrés Felipe Arias, por debajo de la antipatía que produce el personaje, su huida a los EE. UU., y su extravagante petición de asilo, hay voces que han señalado las inconsistencias del fallo en su contra. En una espléndida columna en El Tiempo, Moisés Wasserman señaló lo que creo es el punto clave de la controversia: el tipo de contrato que Arias firmó. Dependiendo del tipo de contrato, había delito o no. Para la Justicia, el convenio firmado con el ICA violaba la contratación estatal, y por ello la condena a Arias. Sin embargo, Wasserman señala que se habían firmado 130 convenios similares bajo la Ley de Ciencia y Tecnología, y como bien indica el columnista: “Yo diría que la aprobación y el seguimiento de proyectos de riego tienen carácter tecnológico. Pero, aún sin tomar posición, es claro que la definición sobre cuál legislación se aplica se deriva de una interpretación. Resulta difícil entender la convicción de la Corte de que su interpretación es la verdadera, más allá de toda duda razonable.” De allí que es perfectamente entendible la defensa de Arias: hay gente que considera que la Corte cometió un error de interpretación, y un inocente fue a la cárcel.
Pero como dije arriba, la carta a favor de Melo es sutilmente diferente. Más allá de señalar la presunción de inocencia del acusado, la defensa se ha centrado en aspectos de la personalidad y trabajo del accusado: Honorabilidad, fe religiosa, dueño de un compás moral y ético, funcionario discreto, diligente, recto. Sin duda, los firmantes son honrados y sinceros en la medida en que señalan que a ese “el Melo que conocen”, con más de 30 años de carrera. Algo va de discutir o alegar diferencias de interpretación que señalar el “compás ético” de un personaje. Pero el punto es que Melo, como en caso del elefante de Samper, no vio, no quiso ver, o prefirió ignorar una serie de advertencias que señalaban lo irregular de las conductas que tenía frente a sus ojos.
Me queda una mala sensación al leer la carta. Como dicen popularmente, pareciera que todos se quieren tapar con la misma cobija. Más que justificar a una persona, no sé si los firmantes se dan cuenta de que parecieran estar justificando una conducta y una sociedad en la que ellos saben que existen conductas corruptas, y en la medida que se guarden las formas legales y no haya delito, todo está bien. Ninguno de ellos es un recién llegado a los pasillos del poder, y saben más que nadie que muchas decisiones pueden ser moralmente (“no robar”) cuestionables. El punto es hasta dónde participar en ello. La defensa de Melo ha señalado que él no aprobaba los desembolsos, mientras que la Fiscalía sostiene que hubo advertencias claras de eventuales irregularidades y que la orden de Melo, al final, fue pagar, si contaba con el visto bueno de Odebrecht. En todo ese proceso no suena lógico ignorar semejantes alarmas, ante el valor de los desembolsos efectuados. En ese sentido, Melo pareciera haber adoptado la postura de “mejor no meneallo” y si tiene apariencia legal, dejar así.
Al final, la vieja pregunta moral de hasta dónde llegar, o cuándo considerar aceptable algo. La corrupción no es simplemente pasar una línea y ya. Conductas aceptables en un caso, son corrupción en el otro. Al final, los infinitos matices de gris que hay en nuestros actos. Lo que sorprende es el deseo de guardar las formas, y el hecho de que mientras otro pague y no reclame, todo está bien. ¿Hubiera procedido Melo de forma similar si el cliente final fuera su jefe, y no el Estado? Me permito dudarlo.
No estoy diciendo que Melo haya cometido un delito o que tuviera conocimiento de los sobornos desde el principio; será la Ley la que señale el alcance de su responsabilidad; sin embargo, en este caso pareciera que José Elías Melo, y por extensión, los firmantes, entienden y aceptan que alguna corrupción es aceptable mientras se guarden las formas legales. Una especie de delito legal. Quizá sea una propuesta pragmática y hasta razonable, pero ¿hasta dónde tolerar? Quien abre una puerta sin saber quién toca, no sabe que puede entrar.
 
(Imagen tomada de www.semana.com)