Las denuncias de los sobrecostos de la construcción de la Refinería de Cartagena señaladas en los últimos días han producido diferentes reacciones en la opinión. Políticas, como la del ministro de Hacienda y el Presidente de Ecopetrol, señalando que los sobrecostos se debían a la pobre planeación de CBI, empresa encargada de la Ingeniería de detalle de la obra; o la del Presidente Santos rechazando los sobrecostos, solicitando se castigue a los responsables y señalando que los sobrecostos ocurrieron en el gobierno anterior. Ello produjo una reacción indignada del expresidente Uribe quien recordó que de los 8 años de construcción de la refinería 5 y medio   fueron durante el gobierno Santos. O la de un ex ministro que señalo que dijo que “Mal hace Santos en señalar responsabilidades del Gobierno Uribe, cuando las decisiones de inversión de Ecopetrol se llevaban a Consejo de Ministros, y él estaba ahí como Ministro de Defensa, luego como Presidente y no dijo ni mu”. También están las reacciones sociales. A la mente de los ciudadanos volvieron proyectos que terminaron siendo un descalabro para el país,  como la Hidroeléctrica de El Guavio o la Construcción del Metro de Medellín, que finalmente fueron pagados por todos los colombianos, sin que se señalara o castigara a los responsables. Una versión de “Entre todos lo mataron y él solito se murió”. Y claro, una sociedad que exige respuestas.

Las cifras son muy elocuentes. Se esperaba que la Refinería costara 3.993 millones de dólares y terminó costando 8.016 millones, y el taxímetro andando. La gente se está preguntando ¿Qué ocurrió?

La revista Dinero en su edición de Febrero 5 de 2.016, en un artículo titulado “Reficar, ¿Qué paso?” hizo un juicioso estudio de las causas y posibles responsabilidades en lo sucedido. La lectura deja un mal sabor en la boca, al decir que pese al atraso de dos años y los sobrecostos presentados, tenemos una refinería moderna, y que en América Latina estos sobrecostos son habituales y no deberían asombrar.

Analizando con mente de Ingeniero, una frase del texto de la revista Dinero me llama la atención “De hecho, cambio la idea de Glencore, que quería hacer una ampliación mas pequeña y concentrarse en los mercados internacionales”. En esto, en mi opinión, está buena parte de la explicación de los sobrecostos. Pero vamos al principio.

La idea de modernizar la refinería de Cartagena era un proyecto de gobiernos anteriores que siempre era aplazado debido a su alto costo. Finalmente, durante el gobierno Uribe se fijó como prioridad la modernización y ampliación de ésta. Ecopetrol, consciente del alto costo y con el riesgo financiero que ello implica, buscó un socio para el proyecto que se definió luego de una licitación ganada por Glencore, compañía que se hizo cargo del 51 %. Fue de hecho Glencore quien contrato a la empresa CBI (Chicago Bridge and Iron), con amplia experiencia en construcción de instalaciones petroleras (aunque hoy se discute su idoneidad para construir específicamente una refinería), para el desarrollo de la Ingeniería de detalle y obtener un presupuesto real del proyecto, el cual al final se fijó en 3.993 millonesde dólares. Sin embargo, la lectura de Dinero sugiere que entre los socios existía una controversia sobre el tamaño de la refinería. Mientras Glencore prefería una más moderna y pequeña con posibilidades de expansión hacia mercados internacionales, Ecopetrol era partidario de construir una más grande desde el comienzo e integrarla en un futuro a la de Barrancabermeja. Imagino que al final, como socio mayoritario, primo la opinión de Glencore.

El retiro de Glencore y la recompra por parte de Ecopetrol del 51 % de la refinería, tuvo dos efectos no previstos. En primer lugar, la continuidad de CBI, quien se encontraba trabajando en condiciones que son hoy vistas como claramente favorables al contratista, y sobre todo la voluntad de Ecopetrol de acometer la modernización de la Refinería de forma inmediata. Hubo pues, en ese momento, un cambio en la Ingeniería del proyecto, que en su momento no se evaluó por parte de las directivas de Ecopetrol, o se subestimó (de allí la anécdota de que en una junta de Ecopetrol, el entonces ministro Echeverry entró en furia cuando se enteró de que los sobrecostos iban por 1500 millones, y le pidió la renuncia al gerente de Reficar, Orlando Cabrales, quien fue sustituido por Reyes Reinoso, un venezolano con experiencia en el tema) de manera grave. Lo lógico en estos proyectos de Ingeniería es suspender los trabajos y rediseñar todo, establecer un nuevo presupuesto, conseguir su aprobación y continuar. No se hizo, por las consecuencias políticas que traería al gobierno de turno el rediseño y la congelación de las obras. Se prefirió continuar e ir adaptando sobre la marcha, lo cual es una manera muy poco práctica de construir algo, porque toda tarea tiene una justificación real para llegar a los objetivos finales, pese a lo gaseoso que sea este objetivo. Se entró en una etapa de “gasten, gasten, pero terminemos” que hizo que la interventoría perdiera control económico, limitándose a vigilar las especificaciones técnicas, sin preocuparse si existía una partida presupuestal para ello o si se estaban pasando del 100 % proyectado (que en últimas no era más que papel mojado), lo cual convirtió el proyecto en una feria de contratación sin mayor control.

Es inaceptable la actitud de muchos de los funcionarios de Ecopetrol, quienes prefirieron seguir el proyecto, terminar la refinería a cualquier costo, y simplemente, cuando estallara el escándalo, defenderse con el pretexto que “teníamos órdenes de terminar”. Ahora bien, esta situación era de conocimiento del gobierno desde hace mucho tiempo, pero simplemente se prefirió continuar sin asumir el costo político que ello implicaba. De allí que echarle el muerto a CBI, (que les aseguro, no va a terminar en mayor cosa) o la Interventoria o a la huelga de los trabajadores, como está sucediendo ahora, no son más que excusas para no asumir las responsabilidades políticas por lo sucedido. El popular “escurrir el bulto”. Es evidente que se presentaron cambios en el diseño, algunos imprevistos y por ende algunas cosas son justificables, pero la realidad es que nunca se actualizó –e informó- el presupuesto y que la subida del dólar impactó los costos, que los rendimientos de horas-hombre no fueron los esperados y hasta la huelga de la USO influyó en los sobrecostos. Pero esto no exime al gobierno en su responsabilidad en lo sucedido. Sabía lo que estaba sucediendo pero nadie habló, por no asumir el costo político y no responder preguntas incomodas. Quiero aclarar que no descarto que se hubieran presentado negociados, inflado de propuestas o pagos duplicados, pero eso en últimas no justifica el sobrecosto presentado.

Esta situación pone de relieve la debilidad estructural de la Ingeniería colombiana, en lo que corresponde a la contratación estatal. Muchas veces decisiones políticas interfieren en decisiones técnicas sin evaluar las consecuencias financieras o sociales. Hemos escuchado denuncias sobre obras faraónicas con las regalías, todo por la voluntad del alcalde del turno, que años después quedan sin terminar, subutilizadas o abandonadas. Las decisiones políticas condicionan las decisiones técnicas, que son dejadas de lado. No dejo de pensar que en gran medida esto ocurrió aquí, simplemente se acometió un trabajo sin preocuparse por el costo. Se terminó, sí, pero creo que no habrá castigo para las irregularidades cometidas (si las hubo) y al final todo quedará en nada. Como paso con El Guavio, como ocurrió con el Metro de Medellín. Los damnificados al final somos los colombianos. Un par de ejemplos para terminar. La modernización de la refinería de Barrancabermeja queda paralizada por el llamado “Efecto Reficar”. O El Metro de Bogotá, tan necesario para esa ciudad, seguirá en medio de historias de cheques chimbos, por el temor de las autoridades a los posibles sobrecostos o imprevistos a presentarse. Pero la gran perjudicada es la Ingenieria colombiana, que muestra mucho de lo peor de ella misma.

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(Imagen tomada de http://images.et.eltiempo.digital/)