Por Diana Carol Forero

Condenados a una muerte prematura. Así estamos los usuarios de las EPS en Colombia, pues nuestro nefasto sistema de salud no brinda soluciones de fondo a la aguda crisis que se viene presentando, en mayor o menor medida, en todas las regiones del país, y que ha venido creciendo con la voracidad de un cáncer metastásico que nos devora.

Si usted es usuario del régimen subsidiado no puede esperar un buen servicio, pero si lo es del contributivo, tampoco. Poco importa si es usted o el gobierno nacional en su nombre quien aporta los $86.100, o más, que puede costar la salud de cada colombiano mes a mes. Cientos de casos de probada inoperancia del sistema, irresponsabilidad de las entidades o de sus funcionarios, han empezado a engrosar la lista de pendientes en juzgados y tribunales, casos que, irónicamente, la Fiscalía no sabe cómo manejar, porque no tiene antecedentes, según se comenta en el ámbito judicial. Como si fueran pocos.

Eso sin contar con los miles de casos que se quedan sin demanda. Como el de mi propia abuela, a quien por más de una década la estuvo aquejando un dolor recurrente y agobiante, una absoluta tortura cuyo origen, según médicos generales y especialistas, no era otra que una secuela de radiación por tratamiento oncológico que había experimentado décadas atrás. Sin mayores análisis, y limitándose a prescribir dosis cada vez mayores de analgésicos, la línea de tratamiento paliativo diseñada por ellos nunca fue efectiva. Para la época en que volví a casa, la abuela contaba con casi diez años de consultas reiteradas y fórmulas fotocopiadas que solo cambiaban en intensidad: fue pasando de cinco o seis gotas de morfina clorhidrato a las atemorizantes veinticinco gotas que apuñalaban su hígado cada seis horas y que, sin embargo, no producían en ella mayor sensación de bienestar de la que podría brindar una patada en el estómago. Aterrada, asistí al espectáculo de su agonía los dos últimos años, insistiendo -primero con solicitudes respetuosas, luego con derechos de petición- en la necesidad imperiosa de intentar un nuevo diagnóstico que arrojara luces sobre la agobiante tragedia de enfermo terminal en que se había convertido su vida que ya no era vida. Casi no podía comer, mucho menos dormir y cada día era un nuevo rosario de dificultades, temores y náuseas. Sin embargo, a médicos y funcionarios les parecía perfectamente normal que “a su edad” y habiendo “sobrevivido” a un cáncer, su “calidad de vida” englobara un permanente saldo en rojo. Como si por ser viejo uno tuviera que sufrir siempre; como si el martirio fuera una condición inherente de la edad.

A pesar de todos mis esfuerzos y súplicas, peticiones y quejas, su condición se fue agravando hasta el punto de colapsar un sábado gris antes de la medianoche. Corrí con ella a urgencias como tantas veces, y recibí un primer diagnóstico que indicaba una posible obstrucción intestinal, lo que puesto en expresión más coloquial significa que se le habían pegado las tripas, posiblemente por no comer. Víctima por más de diez años de la desidia del personal médico en general y de su familia en específico, mi abuela entonces fue revictimizada por mí, dado que el diagnóstico sugirió su posible responsabilidad en el caos de su cuerpo. Así se lo hice saber, y tal vez nunca pueda olvidar la mirada de reproche y dolor infinito que me dirigió en ese momento, preguntándome cómo se me podía ocurrir que semejante tortura hubiese sido, al menos en parte, algo voluntario.

Al día siguiente, y luego de presionar durante todo el día para que la atendieran, fue sondeada, canalizada, inyectada, preparada y finalmente operada. Toda una apoteosis del martirologio digno de la edad media, que, sin embargo, se juzgaba necesaria dadas las circunstancias del caso. Según los cálculos de la doctora de turno que la había recibido, sería una intervención casi ambulatoria: se extirparía la sección del intestino que había dejado de funcionar y se coserían las partes restantes, tras lo cual ella podría volver conmigo a casa pasados unos días. Fueron eternas las más de dos horas que pasé en la sala de espera hasta que el cirujano salió, asombrado de que, en semejante estado de descomposición, la abuela hubiera podido entrar por su propio pie. Lo que describió me llenó de estupor, de dolor y rabia, pues la paciente que acababa de operar, había sido invadida completamente por el cáncer y, según sus palabras, no tenía un órgano bueno. Ninguno de nosotros podía comprender cómo había ocurrido esto sin que nadie lo hubiera notado, sin que diagnóstico alguno hubiese podido advertirnos sobre lo que estaba ocurriendo. Recordé la infinidad de veces que ella había insistido en que le hicieran la colonoscopia y pregunté al doctor si eso hubiera podido ayudar al diagnóstico del caso, a lo que él, sin dudar, contestó afirmativamente. Pensar que un simple examen que no costaba más de doscientos mil pesos y no duraba más de una hora hubiese podido evitar que ella se fuera para siempre y hubiésemos podido seguir disfrutando de su compañía que era invaluable. La abuela -o su cascarón vacío- nos siguió esperando por tres días en una habitación lóbrega de ese pasillo de lamentos y rigores, tres días en los que asistimos al triste espectáculo de ver apagada una luz que nos había cegado siempre. Luego de sus funerales, muchos me sugirieron demandar a la entidad prestadora de salud, pero ni siquiera lo consideré: ¿ya para qué? Eso no me iba a devolver la única familia que había tenido siempre, eso no iba a pagarme el dolor de verla sufrir por tanto tiempo.

El mismo dolor que miles de familias han sentido desde que entró en vigencia la criminal Ley 100 de 1993, que dio pie a la creación de las EPS y significó la privatización de la salud en Colombia. No existen estadísticas detalladas del número de víctimas del infernal paseo de la muerte en que se ha convertido la atención en salud en nuestro país, pero los más osados afirman que al menos en la última década las EPS han ocasionado más muertes que el mismo conflicto armado. Cifras no concluyentes pero asombrosas señalan que al menos en el caso de Caprecom existen 122 archivos que documentan igual número de víctimas de la falta de atención oportuna, personas, seres humanos, compatriotas, que murieron esperando una orden médica, una autorización de servicios médicos que nunca llegó.

Antes de 1993 nuestro sistema de salud brindaba un aseguramiento a la mayoría de la población trabajadora y permitía que entidades con fuero especial ofrecieran la atención a sus propios servidores. Las demás personas eran atendidas, o bien en hospitales públicos, o por médicos en consultorios particulares. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 el sistema de atención en salud cambió, basándose en un sistema asegurador privado que se supone daría cobertura a la totalidad de la población colombiana, cuyos recursos se obtendrían de la población trabajadora que aportaría para ellos mismos, sus familias, y a través de un plan solidario, para las personas vinculadas del régimen subsidiado. Después de más de cuatro lustros de funcionamiento el sistema actual hace aguas en numerosos frentes, empezando por la inadecuada utilización de los recursos económicos, y siguiendo con detallitos como las fallas en los sistemas de información, abusos en la intermediación, inequidad en los servicios, desprotección del personal sanitario, debilitamiento de los indicadores de salud pública y de los servicios que se prestan, desconocimiento de la autonomía profesional y menosprecio por la labor de éstos, llegando al colapso de los hospitales públicos y los altos costos de los medicamentos, con enriquecimiento de intermediarios.

Que el Diablo nos ampare si nos enfermamos, pues estaremos entrando en la dimensión oscura de sus dominios, en el infierno mismo. Que Dios nos libre de una enfermedad, pues el viacrucis y la agonía inevitable en las actuales condiciones del sistema, parecerán entonces la sinopsis de una novela de Gabo: Crónica de una muerte anunciada.

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