Gracias al beneficio de la prisión domiciliaria se va  Miguel Nule para su casa, a terminar de "pagar su condena" allá. Su actual condición, que para ser la de un convicto incluye una obviedad y una rareza -depresión y obesidad- además de otros males nada menores, no es compatible con el encierro en una cárcel convencional, según adujeron los médicos.

El juez encargado de resolver la situación estuvo de acuerdo, ni más faltaba. La Fiscalía también: "Es un asunto humanitario", declaró uno de sus funcionarios a un noticiero de TV.  No era para menos, pues el dictamen médico es impresionante: "Síndrome metabólico, intolerancia a los carbohidratos, dislipidemia tipo hipertrigliceridemia, nódulo tiroideo, hipotiroidismo de novo, cardiomiopatía isquémica, obesidad grado I, hipertensión arterial". No obstante, el casi moribundo no pasará siquiera por la esperable unidad de cuidados coronarios de una clínica, o por la supervisón psiquiátrica de una casa de reposo, sino que se irá directamente a su mansión en el encumbrado barrio Venecia de Sincelejo.

Ya antes, otro de los señores Nule -Guido-, también debido a serios quebrantos de salud, había salido de la cárcel en silla de ruedas rumbo a su casa. Es decir rumbo a su apartamento, a su apartamentazo en el barrio El Golf de Barranquilla, bajo la misma figura jurídica de casa por cárcel. O de apartamentazo por cárcel, mejor. Idéntica figura (por aquello del "apartamentazo") a la que consiguió para sí, y de la que goza desde hace unos meses a pocos metros del señor Nule, la ex rectora de universidad, ex bailarina exótica y ex sindicada de homicidio, Silvia Gette. Y muy parecida a la que disfruta en una clínica privada de la misma ciudad -tan privada que se dice que es de su propiedad- la empresaria de chance Enilce López, 'La Gata', quien purga una "condena" por concierto para delinquir y homicidio.

No salía ninguno de ellos, de todos modos, del hacinamiento de algún mugroso pabellón de esos que abundan en las prisiones colombianas, en los cuales los delincuentes sin patrimonio se ven obligados a dormir en el piso, unos encima de otros, y a compartir infectas cloacas colectivas a manera de cuartos de baño. No; para que cumplieran sus dudosas condenas la justicia colombiana les había facilitado unas cómodas suites, dotadas de baños privados, televisores, cocineros y otras comodidades y privilegios que ellos por lo visto consideraron insuficientes y que contrastan con el color naranja subido que, al igual que todos sus otros compañeros de presidio, debe vestir a diario Bernard Madoff, el ex banquero estadounidense que purga una condena de 150 años (sí: 150) en una correccional federal de Estados Unidos, acusado de estafar a particulares por medio de un esquema Ponzi.

Lo asombroso es que hasta ahora solo me he referido al ínfimo porcentaje de condenas que consigue llevar a feliz término -feliz en todo sentido, sobretodo para los condenados, como ya vimos- el sistema judicial de este país. No hablé todavía de aquellos imputados que quedan libres gracias a las mil trapisondas jurídicas que brindan las leyes colombianas, por medio de las cuales los abogados defensores alargan los procesos hasta lograr la libertad de sus defendidos por vencimiento de términos. Fenómeno este último que, sin embargo, también puede obtenerse desde la orilla opuesta, derivado de la velocidad de movimiento de los continentes a la que procesan documentos y coordinan diligencias los jueces y demás funcionarios de la rama jurisdiccional colombiana (cuando están trabajando, digo, y no en sus habituales paros o vacaciones colectivas).

Tampoco me he referido aquí a los múltiples beneficios de los que gozan acusados y condenados en Colombia, como por ejemplo las rebajas en las penas por trabajo o estudio, por buen comportamiento, por delaciones, por colaboración con la justicia; beneficios estos que no pocas veces reducen los años de condena a cifras excarcelables.

También he omitido las gabelas que tiene reservadas nuestra justicia para favorecer a delincuentes atrapados en flagrancia, como acaba de ocurrir con un par de atracadoras en Barranquilla, a quienes un juez dejó libres por no considerarlas un peligro para una sociedad a la cual, por lo visto, no pertenecen los taxistas víctimas de este tipo de delincuentes. Y ni se diga de los permisos médicos,  sociales o de cualquier otro tipo a los que tienen derecho los condenados en Colombia, los cuales les permiten pasearse por ahí con la desfachatez de cualquier Pedro caminando por su casa: hace poco el ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, fue sorprendido por un ciudadano indignado charlando alegremente en un parque, sin tener siquiera unas esposas puestas.

He recordado todo esto ahora que, estando el final de la guerra literalmente a la vuelta de la esquina, hay quienes demuestran una intransigencia digna de mejor causa con la consigna de "Paz sí, pero sin impunidad". Como si Colombia fuese un ejemplo mundial de aplicación de la justicia. Como si fuese en serio que ese grado de impunidad que se está negociando en La Habana, y que cerraría una hemorragia colectiva, un brutal baño de sangre de 60 años, pusiera en peligro esa sacrosanta y esplendorosa institución conocida como el Poder Judicial Colombiano.

¿Paz sí, pero sin impunidad? Hágame el maldito favor.

imagen tomada de La Silla Vacía