Lejos de las consideraciones jurídicas, de las minucias administrativas, de los discursos encendidos, de los argumentos acerca de supuestos éticos inamovibles, persiste en Colombia la vida de todos los días, que ha transcurrido desde siempre a pesar de la violencia, gracias o de espaldas a ella.

Algunos optimistas explican esta persistencia colombiana, esta fidelidad a la costumbre de vivir, con las felices razones de la tenacidad de la gente, de su capacidad para encontrar caminos alternos a los conflictos, de la pureza de carácter que los define. Nada de eso es cierto.

Los colombianos han seguido con sus vidas a pesar de la violencia o gracias a ella o de espaldas a ella porque nunca la han padecido realmente. El conflicto con las Farc que está a punto de terminar, por ejemplo, nació, creció, se desnaturalizó y se recrudeció muy lejos de los lugares habitados por la mayoría: en las selvas, en las montañas, a miles de kilómetros –reales o virtuales– de cualquier parte. No hay que olvidar que el resultado de la migración rural –una tendencia inatajable en todos los países, pobres o no, con o sin conflictos armados internos– es que, según cifras del Banco Mundial, el 76% de la población de este país vive en las ciudades. Igual que Suiza.

De manera que quienes discutimos en Facebook sobre el destino de este acuerdo, quienes podemos leer con algún criterio el documento de 297 páginas que lo contiene, quienes decidiremos con nuestro voto del 2 de octubre si refrendamos o rechazamos lo que se ha pactado en La Habana, no tenemos una idea, siquiera aproximada, de lo que en realidad ha significado para las víctimas reales de la guerra estos años de aplazamientos infectados de terquedades legales, de defensas politiqueras de la dignidad y del honor de la patria, de invocaciones a los intereses de las mayorías. Y no sabemos lo que ha pasado en estos 50 años porque esos intereses que invocamos para argumentar nuestras posiciones son precisamente los de las mayorías, los del 76% que no sabe lo que es la guerra, que solo puede imaginarla a través de los cinco minutos diarios del noticiero.

Nada le importa a una viuda del Caquetá, a un mutilado de los Montes de María, a un desplazado del Catatumbo, a un huérfano del Cauca, a un secuestrado del Chocó, si uno de los incisos de uno de los artículos del acuerdo está mal redactado, si los negociadores de las Farc engordaron 10 kilos comiendo langostas, si la Justicia Transicional supone la rendición moral de la República, si Uribe llevó un dummie de Timochenko al Congreso, si el presidente juega a las cartas con la oposición para ganarse un Premio Nobel, si Paloma Valencia va a fundar la religión Uribiana, si el umbral electoral es suficiente, si la pregunta del plebiscito es engañosa, si los métodos de las encuestas son confiables. Esas son discusiones que sólo nos interesan a los que estamos aquí, decidiendo el futuro de los que están allá, de ese 24% de colombianos que no resisten un tiro más, una toma más, una mina más, un muerto más, una lágrima más.

¿Con qué derecho, después de haber cohonestado la violencia y de no haber sido capaces de erradicarla con las balas que, en nombre de nuestras pulsiones citadinas, no hemos tenido el valor de disparar, ponemos en riesgo la oportunidad de sosiego que tienen las verdaderas víctimas?

La respuesta es simple: seguimos creyendo en nuestra omnipotencia de miembros de la clase media urbana, esa masa deforme que discute en Facebook, que mira los noticieros en la noche, que opina sin ensuciarse las manos, que piensa que las víctimas de la guerra han sido los dueños de fincas y los militares acusados de masacres y los ganaderos y los empresarios y el sistema financiero, y que tiene en sus manos decidir, valiéndose de esas pobres herramientas, el destino de los que han sufrido por medio siglo el horror, la humillación y la barbarie.

Y lo peor, lo mas atemorizante, lo más terrible, es que en eso, únicamente en eso, tenemos toda la razón del mundo.