La participación de los militares activos en las negociaciones con las Farc tiene a una gran cantidad de oficiales retirados muy descontentos. El general Harold Bedoya, un hombre básico y mendaz, ha dicho públicamente que los miembros de las Fuerzas Militares comprometidos con fin del conflicto son unos traidores a la Patria.

Esa postura no es extraña. En medio siglo de guerra se han formado varias generaciones de oficiales cuyo único propósito de vida fue combatir a “esos bandidos” con las armas, entrenados y adoctrinados para despreciar al enemigo. El asunto es que las pasiones desbordadas pueden generar la fiereza que fortalece el accionar de los soldados, pero termina cegando su juicio.

Ese juicio ciego los ha llevado a creer que las Farc son sus enemigos íntimos; suyos y de nadie más, ganados con sudor y sangre en el campo de batalla, y que por eso no se los prestan a nadie. Esa es, por absurda que parezca, la razón principal de las voces castrenses que no lograron vencer a las guerrillas y que preferirían seguir intentándolo por siglos. La otra es, por supuesto, el negocio de la guerra: los presupuestos contados en billones, los contratos, las prebendas, el poder, del cual claramente no se beneficia la tropa rasa, los soldados pobres que reciben a cambio de su obediencia un puñado de monedas y una mortaja por si acaso.

Se olvidan, los generales Bedoya y compañía, que las Fuerzas Armadas no son el Estado, ni son el pueblo, ni son la nación, ni son el país; se olvidan de que así como el conflicto no creó para ellos enemigos eternos, tampoco la paz será decidida según sus lloriqueos de guerreros sin oficio. El Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea son organizaciones al servicio de la sociedad, bajo el mando de un gobierno civil elegido por civiles, no corporaciones políticas ni empresariales; cuando la sociedad necesite que disparen, lo harán, y cuando demande que silencien los fusiles, el fuego cesará. Es simple. Es su obligación constitucional, su destino de servidores públicos.

Que se hayan sentado en la mesa de negociaciones fue una concesión del mando civil, una estrategia para que los acuerdos fueran menos imperfectos. Pero de ninguna manera es una patente de corso para que opinen si la paz debió hacerse o no, en qué condiciones y mucho menos si ellos nos hacen el favor de estar de participar en ella.

No hay favores en el accionar de los militares en contra de los grupos al margen de la ley. Su servicio es un mandato y un deber. Se olvidan de eso también los generales Bedoya y compañía, que juegan desde el retiro a ser orientadores de la opinión pública, amenazando soterradamente con “ruidos de sables”, como si con ello pudieran amedrentar a quienes votarán en octubre.

No son traidores los generales Rodríguez y Mejía, comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, ni los demás oficiales comprometidos con el fin del conflicto con las Farc. Por el contrario, ellos representan la dignidad de unas instituciones que reconocen su lugar fundamental dentro de la sociedad y el Estado, y que están dispuestos a cumplir con su deber en la paz con la misma responsabilidad como lo cumplieron en la guerra.

Los otros, los que no pudieron vencer, arrodillar, humillar y acribillar al enemigo íntimo, deben acostumbrarse a guardar silencio mientras los militares en ejercicio, los sensatos, los responsables, los éticos, cumplen con el mandato que el pueblo les dará en el plebiscito.