La victoria de Donald Trump el martes 8 de Noviembre, aparte del estupor que produjo en la opinión pública mundial, comenzó a dejar varias víctimas en el camino. Aparte de Hillary Clinton y de Barack Obama, cuyo legado político puede ser desmontado, otro gran perjudicado en este proceso fue Merrick Garland, Juez del circuito de apelaciones del distrito de Columbia, y nominado a la Corte Suprema de EEUU. Pero vamos al principio.

El 13 de Febrero de 2016 fue encontrado muerto en un remoto resort de Arizona el juez Antonin Scalia, víctima de un infarto mientras dormía. Nominado por Ronald Reagan en 1986, el juez era el gran adalid de los conservadores en la Corte Suprema. Partidario decidido de una interpretación textual y original de la constitución americana, rechazaba el concepto de “constitución viviente” (aquella que señala que la constitución debe adaptarse a los tiempos). Defensor de un estado fuerte, consideraba limitar a lo estrictamente señalado en la constitución las libertades civiles. Era reacio, por ejemplo, a establecer limitaciones al control de armas.

Se considera que la Corte Suprema está dominada en partes más o menos iguales por liberales y conservadores. Un equilibrio que se considera deseable, como señal de la variedad de pensamiento de la sociedad americana; sin embargo, cuando muere un juez, es una oportunidad del gobierno de turno para inclinar la balanza hacia un lado, mediante un candidato afín a sus ideas políticas (los jueces americanos, a diferencia de otros lugares, deben tener una filiación política conocida).

Los magistrados de la corte son nominados por el presidente, y esta nominación debe ser confirmada o rechazada por el congreso. El Presidente Obama, dentro de la potestad de su cargo, decidió proponer el nombre de Merrick Garland como candidato a reemplazar a Scalia.

Unánimemente respetado y con una distinguida carrera de abogado que lo llevo a ser juez de apelaciones de la Corte de Columbia en 1997, Merrick Garland fue nominado el 16 de Marzo de 2016 para ser Juez Asociado y llenar la vacante creada por la muerte de Scalia. Sin embargo, hasta la fecha el Senado, dominado por los republicanos, no ha celebrado audiencias de confirmación, ni votado sobre la nominación. La razón de este bloqueo fue expresada por el líder de la mayoría, Mitch McConnell, indicando que al ser un trabajo de por vida, la nominación se le debía dejar al próximo presidente. Los reiterados llamados por parte de instituciones legales, facultades de derecho, asociaciones de abogados, instándolos a cumplir su deber constitucional de iniciar el trámite de confirmación, han sido simplemente ignorados. Y así, 241 días después la nominación de Garland (más que cualquier otra en la historia americana), esta no ha sido considerada, y con la elección de Donald Trump se considera muerta.

La razón de este bloqueo tiene su origen en dos aspectos: uno de carácter legal, que señala que el presidente tiene la potestad de nominar, y el Senado de confirmar o rechazar; sin embargo, no establece tiempos o plazos para efectuar las audiencias. Por ello, los líderes republicanos, escudados en el hecho de ser un año electoral, han preferido dilatar el proceso, en espera de los resultados de las elecciones. La otra razón es política: detrás de esta situación subyace una disputa entre un presidente demócrata y un congreso dominado por los republicanos, reacios a rechazar un candidato con las brillantes calificaciones legales de Garland, pero visto como muy liberal por ellos. Si el senado no confirma a Garland, la nominación se considera caducada al final de las sesiones del congreso.

El efecto de esta parálisis política salta a la vista: en una votación cuya discusión termine en empate se consideran cerrada la tomadas por un tribunal inferior, aunque no constituyen un precedente paras casos futuros.

El juez Garland era la esperanza de los liberales estadounidenses de inclinar la balanza hacia el lado progresista. Si se hubiera elegido a Hillary Clinton como su presidente, el senado a regañadientes hubiera abierto el proceso de confirmación, bajo la amenaza de Clinton de nombrar un candidato más joven y con credenciales más liberales.

Todo eso termino el martes por la noche. La elección de Trump (que públicamente expresó su rechazo a Garland) hizo totalmente imposible que el nominado llegara a la Corte Suprema. Los republicanos tienen el camino abierto para nominar a un juez con credenciales más conservadoras en lugar del juez Garland, y también para las vacantes adicionales a surgir: la juez Ruth Bader Ginsburg tiene 83 años; el Juez Stephen Breyer, 78 y el juez Anthony Kennedy, 80 años. Es posible que haya otro asiento vacío en los próximos cuatro años, y los nombrados pertenecen al sector liberal y centrista de la Corte. Para muchos liberales y progresistas es una opción que da escalofríos. Las discusiones sobre la extensión del aborto, el control de las armas, los derechos de las comunidades LGBT, e incluso el plan universal de seguridad social de Obama, fueron señales de que los vientos estaban inclinando la balanza hacia el lado liberal: en los últimos 50 años había hecho carrera la idea que la Corte Suprema está dominada por los conservadores, quienes fueron clara mayoría durante el gobierno de Bush padre. Los nombramientos de Bill Clinton y Barack Obama comenzaron a girar el péndulo hacia el sector liberal, y la victoria de Trump inclina claramente la balanza hacia el lado contrario.

Cuando un presidente se enfrenta a un congreso dominado por el partido opositor, la hipocresía política sale a flote. Pienso en cómo durante la administración Bush Jr la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, simplemente engavetó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, disfrazando el rechazo con razones morales. Hoy son los republicanos, quienes en ciega oposición a Obama, han bloqueado, tanto las iniciativas, como los eventuales nombramientos, sin importar el daño que producen. En ese camino la victoria de Trump ha dejado una víctima: Merrick Garland. Tal vez sin quererlo, pero víctima al fin y al cabo.