Todo comenzó cuando el centro comercial Atlantis construyó un acuario lleno de peces hermosos y exóticos para el disfrute de sus clientes. Se contrató a una empresa especializada que hizo algo exclusivo, lleno de raros ejemplares, bien alimentados y bien cuidados. Se trajeron especies de Fiji, China y Australia para dar más realce al asunto.

Quizá la situación surgió por un padre preocupado porque su hijo se asustó al ver los tiburones encerrados en la enorme pecera. Puso en conocimiento de la Secretaría de Ambiente, pero quizá sus funcionarios estaban ocupados en tareas urgentes y dejaron pasar por alto la denuncia. Hasta que un ambientalista puso una foto en twitter, denunciando la situación de opresión de los animales del acuario. Se sintieron bien al denunciar: mostraron su solidaridad y compasión con los animales.

El pasado 2 de enero, ante las reiteradas denuncias, la Secretaría de Medio Ambiente acudió al centro comercial y sus enviados encontraron que los peces estaban allí sin permiso, por lo que procedieron a incautarlos y llevarlos al Centro de Flora y Fauna Silvestre. Mostraron gran diligencia en su gestión.

Días después, los biólogos que tuvieron a cargo el caso determinaron, previos estudios, que los peces eran especies invasoras que ponían en grave riesgo los ecosistemas locales colombianos. Fueron descritos con palabras muy lúgubres: “estas especies pueden introducir enfermedades y parásitos a los animales nativos. Es realmente muy grave, pues estos animales foráneos se comportan principalmente como depredadores, alterando el equilibrio biológico de un país tan rico y diverso como el nuestro.” La decisión fue proceder a sacrificar los animales peligrosas, aplicando técnicas indoloras y con la asesoría de expertos en la materia. Cumplidores de su deber los funcionarios. Un peligroso caso de invasión de especies alienígenas que ponía en riesgo el ecosistema local, y que quizá recordaba la llegada de los europeos a América y las enfermedades que exterminaron a los indios.

Se ha sabido que el trámite de incautación quizá no se hizo con los protocolos adecuados, y que en ese proceso algunos de los peces enfermaron de tal forma que al final debieron ser sacrificados. No faltó la oportunidad para hacer política: se ha aprovechado este hecho para denunciar la ineptitud de la administración Peñalosa, situación que, junto con el caso de la reserva Van Der Hammen, muestra una aparente insensibilidad en el tema ambiental, dándole razones a los partidarios de la revocatoria de su elección.

Los ambientalistas han criticado la actitud de la Secretaria de Ambiente, señalando que les ofrecieron alternativas para llevar esos peces a acuarios con las condiciones de Ph y temperatura adecuadas, pero que sus sugerencias no fueron escuchadas.

La Secretaría se defiende señalando los riesgos de estas especies sobre el ecosistema local, describiendo los riesgos presentados con la llegada de especies exóticas como el Pez León, los Caracoles Africanos, e incluso los rinocerontes de la Hacienda Nápoles: especies agresivas que destruyen el medio ambiente local, afectan cultivos y animales. Señalan, además, que el sacrificio de estas especies es permitido para garantizar la conservación de los ecosistemas locales.

La sociedad critica a los ambientalistas por el resultado: el tiburón bambú desapareció, los peces murieron. Al menos en el acuario estaban vivos y bien cuidados.

Hay quien señaló que era imposible que los funcionarios no tuvieran una idea de los riesgos que se asumían al efectuar la incautación. “El encargado de la incautación debía tener al menos una idea de lo que podía pasar. Al final tenía dos alternativas: alzar las manos y reconocer que no podía cuidarlos adecuadamente, o cumplir las normas y asumir las consecuencias de una posible muerte. Con la primera, ganaba la atención de la gente, y quizá con la reacción popular hubiera facilitado un traslado adecuado de los peces. Con la segunda, mostraba diligencia y gestión. En la primera, quedaba como un funcionario inepto, pero en olor de santidad; en la segunda, como cumplidor de su deber, pero a la vez como un asesino.”

De todas estas lecturas queda claro que el tráfico de animales exóticos no es una actividad de millonarios caprichosos que desean tener animales raros en sus zoológicos o tenerlos de mascotas en sus casas. Lo vemos, sin saberlo, en nuestras calles, en la casa del vecino, o en centros Comerciales; en ocasiones, muy bien cuidados. Pero el tráfico es, en últimas, un atentado al Medio Ambiente y un delito.

Queda claro, además, que si bien hay avances en materia ambiental, no se tienen ni las instalaciones ni los protocolos adecuados para el decomiso e incautación de animales exóticos; hay un teléfono roto entre las secretarías y las instituciones de protección de animales (zoológicos, acuarios, fincas, etc.), y a la postre muchos animales son sacrificados, no tanto por el peligro que representan (que, repito, es real), sino por el hecho de que las autoridades carecen de los medios reales para cuidarlos.

Los escuetos hechos aquí narrados me recordaron una frase de mi querido profesor Assa: “Entre todos lo mataron y el solito se murió”. En su momento, el que hizo mal fue el que los trajo sin los permisos; ante esa situación todos actuaron, quedaron contentos, hicieron lo que creyeron conveniente, pero los peces están muertos y el responsable, si lo hay, salió indemne. Todos mataron a los peces y ellos solitos se murieron.