En los últimos días de enero, la Senadora Claudia López anunció su intención de promover, junto a Antonio Navarro, Angélica Lozano y Antonio Sanguino, una consulta popular “a favor de la transparencia y en contra de la corrupción”, que busca obtener al menos cinco millones de votos y “domesticar a la clase política y derrotar la corrupción”

La iniciativa, que consta de varias preguntas, es interesante por la intención manifiesta de López de buscar la candidatura presidencial en el Partido Verde, una de cuyas banderas es combatir la corrupción que agobia e indigna. En la página web www.vencealcorrupto.com se expone la propuesta y los motivos de la iniciativa. Como punto de inicio para un debate sobre la corrupción se plantean una serie de preguntas que merecen más atención que la señalada en los medios.

En total son siete preguntas que según la declaración de motivos son indispensables para prevenir y castigar duramente a los políticos y contratistas corruptos en todo el país. A continuación un análisis y revisión de intenciones de cada una de ellas:

PREGUNTA 1

¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?

Expresan los voceros la necesidad de reducir los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado –de los más altos del continente– de 40 SMLV a 25 SMLV.

Las razones expuestas son la negativa del Congreso a discutir el tema, el elevado índice Gini de desigualdad del país y la, según ellos, exagerada desproporción entre el salario de los congresistas y el salario mínimo. Señalan que los ahorros obtenidos “representarían un 2,3% adicional al recorte propuesto por $6 billones para el 2016 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público” y permitirán reducir el índice de desigualdad.

No me queda claro, pese a la extensa y detallada exposición de motivos, cómo esta reducción en los salarios va a reducir el índice de desigualdad, pero sobre todo qué relación directa tiene esta reducción con la lucha contra la corrupción. De hecho hay voces que han señalado que una de las grandes dificultades de la burocracia estatal colombiana es que los salarios del sector privado son mucho mejores, perjudicando la estabilidad y continuidad de ésta. Propuestas de este tipo tienen constante aparición en los medios políticos, son populares y de fácil recibo; sin embargo las opiniones sobre los efectos son contrapuestas y el debate al final se vuelve una interminable discusión con tintes demagógicos, no sobre el salario, sino sobre el valor del trabajo de los congresistas, como se lee entrelíneas en esta pregunta.

PREGUNTA 2

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

La segunda pregunta aborda la posibilidad de eliminar los privilegios y regímenes carcelarios especiales para los condenados por corrupción. Se ha señalado que uno de los elementos disuasorios en la lucha contra la corrupción es la existencia de penas severas y ejemplares que manden un mensaje a la sociedad de que “el crimen no paga”, cosa que en Colombia parece no estar sucediendo. La eventual aplicación de estas medidas punitivas puede considerarse un paso correcto en la lucha contra la corrupción.

PREGUNTA 3

¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?

La tercera pregunta busca mejorar la transparencia en las licitaciones mediante Pliegos Tipo. Señalan los promotores que esta iniciativa se encuentra en trámite en el Congreso, que es útil para desarrollar una política de transparencia y que las entidades estatales la están poniendo en marcha según modelos del BID, el Banco Mundial o la OCDE.

Sin duda, un mandato ciudadano en este punto podría refrendar y servir de apoyo a estas políticas públicas en desarrollo, pero, si he entendido bien, no serían una herramienta adicional contra la corrupción. Dado los deseos del gobierno de ingresar a la OCDE, entiendo que estos planes están en curso, y su implementación es cuestión de tiempo. Una crítica a este punto es la formulación de la pregunta, en mi opinión, claramente parcializada. Esta debería ser modificada.

PREGUNTA 4

¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución?

Los promotores de la consulta señalan que el Presupuesto Nacional ha sido tomado por los congresistas (“mermelada”), dejando de lado a los ciudadanos. Señalan que la realización de audiencias públicas, como herramientas útiles para la planeación, dan acceso al poder político, control del mismo e injerencia en la toma de decisiones por parte de la sociedad. Asimismo facilita la transparencia y prioriza proyectos de inversión regionales.

Este punto merece especial atención porque más allá de una intención revanchista contra el Congreso, existente en todo el proyecto, una de las quejas habituales de los ciudadanos es la poca transparencia en el trámite y destinación de los dineros. La propuesta es sin duda bien intencionada, pero un tanto vaga. No queda claro, por ejemplo, si lo acordado en las audiencias se incorporaría de manera inmediata al Presupuesto Nacional. Hace falta más desarrollo en este aspecto.

PREGUNTA 5

¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

La quinta pregunta señala la obligatoriedad de los congresistas de realizar audiencias públicas para rendir cuentas de su trabajo político. Sorprende leer que los congresistas colombianos son los únicos que no deben presentar de manera particular informes sobre su trabajo. Sin duda es útil como herramienta de transparencia y control, pero en temas de corrupción no deja de ser muy menor, amarrar una cuerda suelta en la lucha contra ella.

PREGUNTA 6

¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho?

El sexto punto busca Crear la obligación de hacer públicas las declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés para todos los electos mediante voto popular, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, e iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros.”

Este punto es tal vez uno de los más efectivos en la lucha contra la corrupción, al señalar las posibles inhabilidades y conflictos de interés en los funcionarios. Hay que señalar que actualmente los funcionarios públicos presentan, al posesionarse, una declaración –de carácter voluntario- de bienes e ingresos.

PREGUNTA 7

¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales?

El último punto propone un máximo de 3 períodos en una corporación pública por parte de los elegidos. Señalan los promotores que ellos consideran necesario y deseable establecer un límite de duración en los cargos de elección popular, para evitar personajes y políticos cuestionables. En sus motivaciones señalan el bloqueo por parte del Congreso en este tema y el deseo de una renovación de los cargos públicos, mediante la llegada de nuevas personas.

En este tema es importante señalar que los argumentos señalados por los promotores son contradictorios y parecen ir en contra de los datos entregado. Señalan, por ejemplo, que el Congreso colombiano se renovó en un 37 %, en las últimas elecciones, que en las democracias presidenciales no existen límites a los periodos de estas corporaciones, por lo cual no es claro el beneficio que se obtendría al establecer estos límites. Queda preguntar cuál renovación es suficiente para los promotores. ¿Un 60 %, un 40 % un 80 %? Ello sin contar que volvemos a la inquietud que me ronda en la pregunta 1: ¿Qué relación tiene esto con la corrupción?

En resumen, de las preguntas de la consulta anticorrupción, encuentro que dos pueden ser útiles en la lucha contra la corrupción (2 y 6); dos son un saludo a la bandera (4 y 5); uno, el 3, puede ser útil, pero el veneno está en los detalles; y el 1 y 7 tienen un clara intención revanchista contra el Congreso, no tienen relación real con la corrupción y al final son poco prácticos. Las propuestas presentadas carecen de una base o análisis investigativo sólidos, falta desarrollo, y pienso que no dejan de ser, al final, una lista de buenas intenciones a medio camino.