En los últimos días hemos visto una escalada verbal y diplomática del presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, en contra de los gobiernos holandés y alemán, a propósito de la prohibición que hicieran a sus ministros de participar en mítines en pro de la propuesta de reforma constitucional aprobada por el parlamento turco que será sometida a referendo el próximo 16 de abril.

Erdogan, de hecho, no ha ahorrado epítetos insultantes y frases fuertes contra el gobierno holandés, al que ha acusado de “nazi”, “fascista” y “promotor del terrorismo”, los mismos que usa para Alemania, por permitir manifestaciones de los kurdos e impedir las de su formación.

Detrás de toda escalada verbal está la aprobación de la reforma política que concentra gran parte del poder en el Presidente, una figura meramente decorativa hasta la fecha, hecha a su medida, y que él mismo definió como “Buena para el pueblo y el país”. Una reforma que, de ser sancionada, le permitiría gobernar hasta 2029, legitimando así la desmesura del presidente que desde que llegó al poder en 2002, un año después de fundado su partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que definía como conservador e islamodemócrata, a la manera de los demócrata cristianos europeos, ha buscado moldear Turquía según sus ideas. Fue esa de por sí, una de las primeras fuentes de conflicto en Turquía, una nación secular creada por Mustafá Kemal Attartuk, donde existe una estricta y total separación político-religiosa y un delito muy suigeneris: “Atentado contra la laicidad del estado”, el cual había sido usado por las autoridades como medio de control para atajar presuntas influencias religiosas en la política. Erdogan, de hecho, fue víctima de esa ley: en 1998 fue sancionado con una prohibición de hacer política por 5 años siendo alcalde de Ankara, por recitar un poema islamista de Ziya Golkap.

Desde que asumió el poder ha gobernado con mano dura, enfrentándose a militares, a rivales políticos y a la prensa, e incluso, a partidarios moderados del anterior presidente Abdullah Gul. No ha dudado en reducir la influencia del Ejército, que se considera garante del legado secular de Mustafá Kemal, mediante drásticas purgas; tampoco ha vacilado a la hora de encarcelar, mediante fuertes leyes de censura, a opositores y periodistas críticos con su gobierno. La última muestra de su poder fue el resultado del intento de golpe de estado del 16 de Julio de 2016, cuando no dudó en encarcelar a militares, funcionarios desafectos de su régimen y opositores políticos, ejerciendo las llamadas “Operaciones de limpieza”

De estilo combativo, tiene una sólida base política que prácticamente ha permanecido constante desde su elección. En 2015 perdió la mayoría parlamentaria y prefirió orquestar tras bambalinas una nueva elección que le devolviese las mayorías necesarias. Ahora hizo aprobar una reforma parlamentaria que concentraría más poder en la figura presidencial. El gobierno estima que ello encausaría a un país, según ellos, cada vez “más inestable”.

Los principales cambios propuestos en dicha reforma son:

Entregar el poder ejecutivo al Presidente de la República. El cargo de Primer Ministro desaparecería. Turquía pasaría de ser una república parlamentaria a un republica presidencialista, donde el presidente puede ser reelegido de manera indefinida. De allí que la oposición acuse a Erdogan de buscar perpetuarse en el poder. El presidente podrá nombrar a cuatro miembros del Consejo de Jueces, encargado de nombrar a los miembros del sistema judicial turco, hoy en manos del Parlamento, que podrá nominar a los siete restantes. El número de diputados pasará de 550 a 600. El presidente podrá gobernar por decreto, alegando circunstancias extremas, y tendrá el poder de convocar nuevas elecciones, disolviendo el parlamento. Creación del cargo de Vicepresidente, potestad del Presidente en ejercicio.

Al igual que Attaturk, Erdogan se presenta a sí mismo como un líder con puño de hierro cuyo poder procede del apoyo popular, y como un ingeniero social que quiere remodelar la sociedad para que esta refleje sus ideales. A diferencia de Attartuk, que se apoyaba en el secularismo, un ideal europeísta y el ejército para sus reformas, Erdogan busca moldear a Turquía en una mezcla de islamismo moderado, el retorno a los valores turcos, y el paternalismo y conservatismo político y social. Durante sus 14 años de gobierno muchas de sus ambiciones se vieron frustradas por las leyes establecidas, o la restricción constitucional contra los líderes poderosos. Pero se ha liberado de eso después del intento de golpe de 2016, con la indiferencia de EEUU y la Unión Europea frente a esta deriva autoritaria: la UE está mucho más preocupada por la posibilidad de que Turquía controle el flujo de inmigrantes de Oriente Medio que lo que Erdogan haga en su país. De allí que, junto con los insultos a Holanda y Alemania, Erdogan haya amenazado con volver a permitir el flujo de inmigrantes que huyen de la guerra. La respuesta de Europa ha sido el silencio frente al creciente autoritarismo de la sociedad turca.

En una colina de Ankara se encuentra el nuevo complejo presidencial donde vive y trabaja Erdogan. Un palacio que busca recordar las viejas glorias Otomanas. Pese a su elevado costo y a su gigantesco tamaño (quizá 30 veces más grande que la Casa Blanca) el Palacio está abierto al público y junto a él hay una mezquita, algo impensable 30 años atrás.

Un palacio a la medida de la megalomanía de Erdogan, en mucho un Sultán, salvo en el nombre. Si para Attartuk la austeridad republicana debía contraponerse a la antigua gloria imperial, Erdogan piensa como Sultán, dispuesto a dejar su marca en la historia de su país. Si Attartuk es el fundador de la Turquía moderna, Erdogan es el padre protector que la lleva al siglo XXI. El referendo es la última escalera hacia esa meta.