6165 Votos por el No, 76 votos por el Sí. Ese fue el resultado de la consulta popular del pasado domingo 26 de marzo en Cajamarca, Tolima, en el cual los habitantes del municipio rechazaron la posibilidad de que se realicen allí proyectos mineros. Se rechazó, pues, sin mencionarlo explícitamente, el proyecto de la mina de oro La Colosa, cuya titularidad pertenece a la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti. En las redes sociales los ambientalistas festejaron: “Un triunfo del agua sobre el oro”, “Un pueblo valiente y digno abre el camino”.


Para los vencedores el resultado es vinculante y el paso siguiente es que el Concejo Municipal prohíba la explotación minera. Sin embargo, la reacción del gobierno ha sido clara: el ministro de Minas, Germán Arce, ha recordado que el Estado es el titular del subsuelo, y por tanto para ellos “la consulta tiene un efecto político que manifiesta la voluntad de la mayoría de los habitantes de Cajamarca, y aquella no puede tener una implicación legal”. Sostiene además el ministro que la consulta no es retroactiva y no puede afectar los títulos mineros emitidos, y que es preciso emitir una licencia. Los ambientalistas dicen que el título existe, pero es solo una expectativa, y lo que sigue es negar la licencia ambiental. No parece claro el camino a seguir. Un exmagistrado del Consejo de Estado ha resumido de forma espléndida la situación de la consulta: “Algún efecto legal tiene, pero no sabemos cuál.
Voces se han alzado a favor y en contra de las consultas populares para los proyectos mineros. No parece lógico hacer una pregunta de este tipo, cuya respuesta es en multitud de ocasiones predecible, cuando existen entidades, institutos, juntas e instancias técnicas y formales que en teoría estudian en profundidad y se encargan de estos asuntos. Mientras unos defienden el derecho de preguntar al pueblo sobre decisiones que los afectan, desde la ANDI, Bruce MacMaster señaló que: “estamos viendo una extralimitación de estos mecanismos cuando se convierten en instrumentos de proselitismo político.” Y señala además que el pueblo consultado está mal informado sobre el tema. El gobierno, de manera muy sibilina, indica que la prohibición de la minería legal “responsable” no impide la minería ilegal, que al final destruye el ecosistema y al pueblo; y en caso de que ganara el No, “cuánto les va a costar, de ahí en adelante, conseguir la arena, el ladrillo, el balastro y todo lo que requieren para sus vías y edificaciones” (palabras del viceministro de minas, Carlos Cante). Queda claro que las partes están enfrascadas en una escalada verbal en la que cada parte cree tener la razón. ¿Pero, al final, a quien le creemos?
Quizá, como en todo, la verdad está en alguna parte entre las dos posturas. El sistema de títulos mineros, junto con el sistema de regalías, está haciendo agua por todos lados, en la medida que involucra un factor que no era tenido en cuenta: las regiones. Mientras el gobierno señala que el subsuelo es de la Nación, las regiones se quejan de que las “riquezas de su suelo” terminan en otro lado y a ellos les queda el lío ambiental.
Por razones de trabajo he ido a la Guajira varias veces. Es fácil decir que es una tierra árida donde la pobreza campea; la lista de necesidades insatisfechas es enorme y, de acuerdo con los titulares de prensa, los niños mueren de hambre. Siempre me he preguntado el porqué de esta paradoja: por qué hay tanta pobreza si en la Guajira hay carbón, gas natural, unas playas bellísimas, una zona pesquera, hasta café, y tuvieron dos bonanzas: la marimbera y la del contrabando. Parecen nadar en oportunidades, pero lo que se ve es pobreza por muchos lugares.
Durante años, la respuesta a esta paradoja la achacamos a factores culturales como que “son indios y son distintos”, a la ignorancia y a la corrupción de su clase política; puede ser cierto, pero la realidad es que esa es solo una parte de la explicación. Lo cierto es que los grandes proyectos mineros de la Guajira (Cerrejón y Chuchupa, frente a Riohacha) no benefician a las sociedades donde se desarrollan. Un recorrido por Albania, Riohacha o Maicao basta para constatarlo. Queda entonces preguntar: ¿Adónde se fue el desarrollo social?
La respuesta está a 2.600 metros de altura, en el centro del país. Las oficinas principales del Cerrejón se encuentran en Bogotá y, en gran medida, el sistema principal de contratistas se encuentra allí mismo, en la capital. Eso no trae beneficios reales a la Guajira, en creación de un recurso humano calificado, educación y know how, que es posiblemente el activo más valioso para el desarrollo de una región.
Me pueden señalar que en la Guajira no hay el conocimiento o desarrollo porque nunca lo ha habido. Eso puede ser válido al principio, pero después 40 años es en esencia una excusa. Simplemente no se ha creado porque el Estado y, más aún, la sociedad misma, han preferido, mediante estas excusas, que la riqueza y el conocimiento estén en otras partes, ampliando la brecha social del país. Puede ser inconsciente, no lo sé. No ha habido una política pública para redistribuir no solo la riqueza, sino el conocimiento, y a la vez elevar la calidad de vida de los guajiros. Se han inventado un sistema de regalías que han caído en manos de políticos corruptos, y eso no ha traído beneficios para esa región.
Así es en buena parte de los territorio mineros del país: las comunidades locales no se benefician y la riqueza termina en otras manos: el oro del Choco embellece a Bogotá, Medellín y en menor medida, a Cali; las esmeraldas de Boyacá dan lustre a la capital, el Carbón de la Jagua se disfruta entre Bogotá y Barranquilla; el Petróleo de Puerto Gaitán, en Bogotá, y así sucesivamente. De hecho, lo que hay en esos pueblos es un deterioro en la calidad de vida. Basta recorrer pueblos como Albania, Cuestecitas, Barrancas, Muzo, Ciénaga, La Jagua de Ibirico o Montelíbano, para darnos cuenta de ello. Una variación, pues, del antiguo modelo colonial: buena parte de los palacios de Europa se construyeron con las riquezas de América y África. Aquí solo lo hemos replicado en pequeña escala.
De allí que con el respeto que merecen los ambientalistas, dudo mucho que al pueblo de Cajamarca le haya preocupado el tema ambiental y haya tenido un rapto de lucidez social único. Al final, sentían que no encontraban ningún beneficio económico y social que justificara el enorme impacto ambiental producido. Hasta yo hubiera votado no. Hay un dicho americano que expresa bien el sentir de la gente: “Ok, bueno el proyecto, necesario, pero no en mi barrio”.
Twitter: @swhelpley

(Imagen tomada de www.portafolio.co)